EL PRECIO DEL ORO Y DE LA COCAÍNA ALIENTAN LA MINERÍA ILEGAL EN AMÉRICA LATINA

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Por Julio Á. Fariñas

Buena parte de los militares destinados a combatirla están metidos de lleno en un negocio que en algunos países de la región ya mueve más dinero que el oro blanco -la droga- y entraña muchos menos riesgos

La reciente desaparición de 28 mineros en Tumeremo, en el corazón de la Amazonia venezolana, de los que solo han aparecido los restos de unos pocos, no ha sido un accidente más en una actividad extractiva que en todas partes entraña riesgos.

El suceso, que esta vez tuvo amplio eco mediático a nivel nacional e incluso internacional gracias a que fue difundido a través de las redes sociales por el diputado opositor Américo de Grazia, a pesar de la negativa inicial por las autoridades, incluido el gobernador del estado Bolívar, no es un hecho aislado en una región selvática que incluye los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y amplias regiones limítrofes de Colombia y Brasil.

Los testimonios recogidos sobre el terreno en Tumeremo por el semanario venezolano Quinto Día apuntan que el detonante del conflicto que desencadenó esta matanza fueron ocho kilos de oro que se disputaban dos pranes «líderes de grupos criminales rivales» que son los verdaderos amos de las explotaciones.

Falsos sindicalistas

La presencia de la criminalidad organizada en el negocio es relativamente reciente. Operan disfrazados de sindicalistas y cuentan con la protección de políticos, militares y policías corruptos, según denunció en una entrevista radiofónica el ex-gobernador del estado Bolívar y líder del opositor partido Causa R, Andrés Velásques.

La violencia no es un fenómeno excepcional. El diario El Nuevo Guayanés abría su edición del día primero de marzo del año pasado narrando la masacre de Guasitapi en la que la lucha por el control de la mina Cicapra en el municipio Juan Germán Rocio, se habría saldado con no menos de 100 muertos y la huida de familias enteras.

La mayoría de los cadáveres de las víctimas nunca aparecen. Según relata la periodista de El Nacional Emily Avendaño que viajó a la zona de la masacre de Tumeremo, vecinos con los que habló le aseguraron que en Hoja de Lata, la mina controlada por Jamilton Andrés Ulloa, El Topo, responsable de la desaparición de los 28 mineros, hay 80 cerdos y un cocodrilo hembra que alimentan con partes humanas.

Poco riesgo, mucha rentabilidad

Un detallado estudio de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho público esta semana en Bogotá, documenta ampliamente las cada vez más estrechas relaciones entre el crimen organizado y la minería ilegal en América Latina. El informe que presentarán el próximo miércoles en Ginebra sostiene que esta realidad responde a los altos precios alcanzados por el oro en el mercado internacional en la primera década del siglo XXI y a la caída de la rentabilidad del tráfico de drogas, especialmente el de la cocaína con Estados Unidos ‘el primer mercado mundial’ que controlan los mismos grupos criminales.

El trasvase de raspachines «el primer eslabón de la cadena de producción cocalera» a la minería ilegal, una actividad con menos riesgo y similar rentabilidad en este segmento del negocio, también ha sido progresivo en los últimos años.

Según este estudio, el cambio de estrategia por parte de los grupos de traficantes de drogas tiene tanto éxito, que en países como Perú y Colombia el valor de las exportaciones de oro ilegales supera el de las exportaciones de cocaína.

A pesar de que los precios mundiales han disminuido gradualmente en los últimos años, los grupos criminales han seguido impulsando la expansión de la minería de oro ilegal. El aludido informe estima que aproximadamente el 28 % del oro extraído en el Perú, el 30 % del oro extraído en Bolivia, el 77 % del oro extraído en Ecuador, el 80 % del oro extraído en Colombia y el 80-90 % de oro venezolano procede de la minería ilegal.

El estudio de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada cuyo trabajo de investigación documental y de campo se llevó a cabo entre febrero y diciembre de 2015, se centró en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Otra de sus conclusiones es que la minería ilegal del oro «facilita el lavado de dinero y la corrupción, fuerza y desplaza poblaciones locales, acelera la destrucción del medio ambiente y crea situaciones de explotación laboral, el tráfico de mano de obra, y el tráfico sexual».

Reservas de coltán, el «oro azul», estimadas en 100.000 millones de dólares

La actividad de la minería ilegal no se limita al oro y los diamantes. En ella cada vez tiene más peso el coltán, el llamado «oro azul», cuyos precios en el mercado internacional llegan a superar a los del oro y los diamantes.

El coltán es un mineral estratégico, clave para la miniaturización de los productos electrónicos y la industria armamentística.

Solo cuatro países tienen reservas certificadas suficientes para su explotación, otros cinco cuentan con yacimientos del mineral, a pesar de no conocer la cantidad con exactitud.

La República Democrática del Congo dispone las mayores reservas probadas en el mundo. Su explotación, en buena medida ilegal, está haciendo correr ríos de sangre en el país africano.

Las de Venezuela y China son de las mayores pero aún no están cuantificadas y certificadas. De las reservas venezolanas lo único que se conoce es por estudios realizados por el Ministerio para las Industrias Básicas y Minería que establecieron en 2010 que las riquezas de «oro azul» estarían en el orden de los 100 mil millones de dólares.

Los yacimientos se localizan en territorio venezolano, al norte del estado Amazonas y en Parguaza, al sureste del de Bolívar.

La extracción del coltán está prohibida en toda la zona, salvo la que realizan legalmente una empresa china y otra congoleña. Todo la demás es ilegal y lo que se extrae sale de contrabando, vía Colombia.

El despliegue militar en la zona para evitar su extracción y comercialización ilegal ha servido de muy poco o nada porque, como ocurre con el resto de la minería ilegal, ellos se llevan una buena tajada del negocio.

Miembros de las Farc dan salida a una buena parte de la producción

En el manto verde que cubre la Amazonia venezolana cada vez se ven desde el aire más agujeros. Cuadrillas de mineros brasileños, colombianos y venezolanos devoran una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán que, según autoridades locales, sacan clandestinamente del país con ayuda de la guerrilla colombiana de las Farc.

Los fabulosos precios del oro que llegó a triplicar su valor en la última década han hecho florecer un millonario e ilegal negocio que está deforestando uno de los principales pulmones del planeta. ONGs de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000 mineros ilegales actúan en las entrañas del estado Amazonas, entre Colombia y Brasil.

Según el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por miles de combatientes de las Farc que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2.219 kilómetros de selva.

En un reciente encuentro con corresponsales extranjeros celebrado en Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas, Guarulla denunció que la explotación ilegal de oro «se hace con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos».

Desvían ríos

A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se abrían paso en la selva a machetazos, ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover una tonelada de sedimento para hallar apenas unos gramos de oro.

La Amazonia, además de producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, es un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos.

El devastador avance de la minería legal e ilegal no solo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes: los indígenas yanomami. En la década de los 80, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los yanomami, diezmados por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro. El año pasado una comunidad de 80 yanomami en la frontera con Brasil fue masacrada por proteger sus tierras, según relató uno de los sobrevivientes a radios y periódicos locales.

Fuente la Voz de Galicia

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