ALGO HUELE A PODRIDO EN MIRAFLORES

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Julio Á. Fariñas

Como el problema de desabastecimiento que padece Venezuela, lejos de resolverse, va a más, la Asamblea Nacional declaró el pasado jueves la emergencia alimentaria en el país. Esa decisión de la nueva mayoría en la cámara legislativa se produjo a los pocos días de que en Puerto Cabello apareciesen otros 156 contenedores llenos de comida podrida.

El grotesco hallazgo de Puerto Cabello no ha sido el primero y todo indica que tampoco será el último. La pasada semana, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) localizaban en un galpón de la asociacion cooperativa de Alimentos Socialistas de Venezuela en Coro, la capital del estado Falcón,  45 toneladas de alimentos, 15 de ellas de pollos en estado de descomposición. Esos alimentos estaban destinados a las escuelas incluidas en el programa de alimentación escolar.

Pero llueve sobre mojado. La progresiva importación de alimentos, derivada de la constante caída de la producción nacional, que fue aumentando al mismo ritmo que  las expropiaciones de tierras y empresas del sector, se convirtió en uno de los principales focos de corrupción del país.

A mediados de la pasada década el líder carismático de la revolución, preocupado por la tan cacareada soberanía alimentaria, le encomendó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) la misión de garantizarla. Así nació en el año 2008 la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) que, a su vez, creó las filiales Bariven y CASA. Solo la primera de ellas, desde noviembre  del año 2007 a julio del 2008,  canalizó la importación de 1.057.531 toneladas de alimentos por importe de 2.248 millones de dólares. 

Pero según datos de las auditorías internas de la propia PDVSA, a Venezuela solo llegaron realmente 266.571 toneladas de alimentos –el 25 %– y de esos solo se distribuyeron 143.866 toneladas, es decir el 14 %. Ese mismo año (2008) ya se encontraron 65 contenedores de alimentos podridos,  valorados en 4,4 millones de dólares.

Caso Pudreval

La investigación del que en su día se conoció como el caso Pudreval cifra en 3.257 el número de de contenedores con 122 millones de kilos de alimentos podridos los encontrados solo en Puerto Cabello.

El negocio, según explicó en su día el ex gobernador del estado de Carabobo, Henrique Salas Feo, estaba en «conseguir del Estado dólares preferenciales a 2,6 bolívares cada uno, con los que luego iban a Argentina, por ejemplo, a comprar leche caducada o a punto de caducar, que facturaban como si fuese fresca y luego se acababa de pudrir dentro de los contenedores almacenados en Puerto Cabello. Los dólares sobrantes se empleaban en compras no autorizadas o acababan en el mercado negro», donde en la actualidad se cotiza a más de 1.00 bolívares la unidad.

El negocio daba para todos. El alquiler de los contenedores ascendía a 120 dólares por día y  el coste diario del estacionamiento de cada uno de ellos  en los patios de Puerto Cabello era de 14.000 bolívares. Todo eso lo  pagaba aparte PDVAL.

Tras estallar el escándalo en el año 2010,  el presidente y dos directivos de PDVAL fueron detenidos, pero su proceso fue anulado después de aplazarse 25 veces el juicio. El presidente se incorporó al equipo electoral de Chávez en la campaña de 2012 y los otros dos directivos volvieron a sus cargos en PDVSA.

Maduro, Premio Nobel

Esta truculenta  historia evidencia que la emergencia alimentaria que padece Venezuela no solo es imputable a Nicolás Maduro. El problema no es nuevo, pero cuando en el país había excedentes de petrodólares y vivía el comandante que le alegraba el oído a la ciudadanía con su verborrea, pasaba desapercibido. 

La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, un estómago agradecido paradigmático, ha propuesto en los últimos días a Nicolás Maduro -su presunto paisano- como candidato a Premio Nobel de la Paz, aunque otros lo verían más como Nobel de Economía.

Tal vez una explicación plausible a tan sorprendente iniciativa sea su fe en el resultado final de esa supuesta Guerra Económica que dice estar enfrentando el actual inquilino del palacio presidencial de Miraflores, en la que piensa vencer con medidas tales como la expropiación, anunciada esta misma semana por uno de sus diputados, de Empresas Polar, una corporación industrial venezolana con 75 años de historia, de las pocas que ha logrado sobrevivir en medio del temporal de la revolución bolivariana y gracias a la cual es posible todavía encontrar productos básicos para la subsistencia en el país.  

Evo también quiere seguir con su revolución boliviana

La experiencia democrática ha demostrado con creces que el mejor antídoto contra los riesgos que entraña el ejercicio del poder político es la limitación por ley de los mandatos presidenciales. La cosa era tan evidente que hasta los regímenes populistas, surgidos en América Latina en las últimas décadas -Venezuela, Ecuador y Bolivia- incluyeron en sus respectivos textos constitucionales que las reelecciones consecutivas, podrán ser una y no más.

Pero todo apunta a que el poder crea adicción. Hugo Chavez, una vez más, fue el pionero y sometió a referendo su indefinida en el año 2007. No lo consiguió en las urnas y sufrió la primera derrota de su carrera política, pero la coló vía enmienda constitucional en la reelección de la Asamblea Nacional, que entonces controlaban los suyos.

El ecuatoriano Rafael Correa siguió los pasos del fenecido comandante venezolano y sacó adelante en su Asamblea Nacional el pasado diciembre, un paquete de enmiendas constitucionales entre las que incluyó la posibilidad de la reelección indefinida de todos los cargos por voto popular.

El boliviano Evo Morales no quiso ser menos. Ya logró que su parlamento le aprobase la reforma del mandato presidencial que está limitado a una sola reelección y tiene convocado para el próximo domingo el referendo que habrá de aprobar definidamente esa iniciativa.

Aunque ocho de las 11 organizaciones políticas en campaña propugnan el no, en las dos ultimas encuestas una de ellas da una ventaja de cuatro puntos al sí, pero con un 19 % de indecisos y la otra la misma ventaja al no, pero con solo el 14 % de indecisos. Lo que está en juego es si el primer presidente indígena del país que asumió el poder el 22 de enero de 2006, cuando Bolivia estaba considerado como el país más pobre de América del Sur y que desde entonces ha registrado un crecimiento económico medio del 5 % anual, será reelegible en el 2019. Algo más de seis millones de bolivianos tendrán la palabra el próximo domingo.

Fuente la Voz de Galicia

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