Por Mariale Mikelson
El pasado 10 de septiembre se cumplió el año de preaviso necesario para materializar formalmente la salida de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, salida catalogada por el mismo Nicolás Maduro como “acertada y justa”.
En su momento diversos artículos, notas de prensa, reportajes y opiniones coincidieron en que la salida de Venezuela de la CIDH violaba, flagrantemente, la Constitución Nacional en su Capítulo relativo a los “Derechos Humanos, garantías y deberes”, a otros artículos que dan rango constitucional a los tratados sobre Derechos Humanos y a la mismísima Convención; así mismo, coincidieron en la pérdida, por parte de los venezolanos, de un derecho adquirido y de orden constitucional, como lo es el Derecho de Petición Internacional; concluyendo que una vez más, el Gobierno de Nicolás Maduro violó la Constitución Nacional.
Pero esta cadena de violaciones no muere allí, la ilegalidad del gobierno venezolano traspasa las fronteras, violando tres normas del Mercado Común del Sur –MERCOSUR-, del cual Venezuela no solamente es miembro de pleno derecho desde julio del 2012, sino que además, ostenta la presidencia. Es en este punto donde entra en juego la frase “El ejemplo empieza por casa”, y es que el Gobierno Venezolano indirectamente envía un mensaje a sus socios del MERCOSUR, diciéndoles, con la decisión tomada, que los acuerdos suscritos y la palabra dada se pueden romper sin ningún problema. Y yo me pregunto ¿Qué pueden esperar el resto de países del MERCOSUR, si uno de sus miembros y quien ostenta actualmente la presidencia, es capaz de romper un acuerdo suscrito que tiene rango constitucional?
Ahora bien ¿Qué normativas del MERCOSUR viola con su decisión? En principio, el Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos aprobado en 2005, donde se reafirma el compromiso con los principios y normas contenidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; si bien es cierto que para la fecha del 2005 Venezuela no suscribió dicho documento por estar fuera del MERCOSUR, no menos cierto es que al formar parte del bloque, asume automáticamente el compromiso suscrito. En segundo lugar viola el Acuerdo sobre cooperación para la protección de los Derechos de Niños y Adolescentes miembros del MERCOSUR, el cual sí fue suscrito por Venezuela, en donde se comprometen, una vez más, a respetar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ya por último, también viola la Resolución que las Altas Autoridades en Derechos Humanos de MERCOSUR firmaron en 2005, y donde establecieron que el cumplimiento de las decisiones de la CIDH y las sentencias del tribunal “son uno de los más importantes mecanismos para fortalecer el Estado de Derecho en la región”.
Ante esta situación nos caben varias interrogantes: ¿Cómo formas parte de un bloque que reconoce a un organismo que tú no reconoces?; ¿Cómo MERCOSUR puede tolerar que uno de sus miembros se retire de la CIDH?; ¿Una vez resuelta la opinión consultada a la CIDH, hecha por MERCOSUR, sobre los derechos de los niños y adolescentes migrantes, Venezuela la cumplirá?; ¿Cómo se podrá compatibilizar dentro del MERCOSUR estas dos visiones?; ¿Cuál es el motivo del silencio de países como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, este último que jamás aprobó la incorporación de Venezuela al bloque?
Tan sólo esperemos que estos acuerdos en materia de Derechos Humanos no sean palabras vacías y quienes realmente los suscriben estén comprometidos en el respeto de los mismos.
@marialemikelson
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