ESPAÑA: LEY DE EDUCACIÓN

Por Eduardo Rodríguez

¿Es la nueva Ley que ha propuesto el Gobierno del PP la que necesita España para mejorar su sistema educativo?

 El pasado 11 de julio el Ministerio de Educación presentó en su página web un documento denominado “Propuestas para el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa” (LOMCE), culminando con la presentación el 21 de septiembre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en el Consejo de Ministros.

Creo que todos los que vivimos en este país tenemos claro que el sistema educativo actual se ha convertido en un fracaso social. Esta misma semana la Unesco ha publicado un estudio en el que muestra que España es el primer país de Europa en términos de fracaso escolar y de mala inserción de sus jóvenes. Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria, frente a la media europea que habla de uno de cada cinco. Este estudio señala además que al menos un cuarto de los jóvenes españoles que dejaron sus estudios al acabar el primer ciclo de enseñanza secundaria y un quinto de los que la abandonaron después del bachillerato en la actualidad tampoco buscan empleo porque creen no encontrarlo, recordándonos la famosa expresión que se convertiría en “nininis” (ni estudian ni trabajan, y ahora ni lo buscan).

Es encomiable el interés del Ministro y de todos los que le precedieron en plantear reformas y contrarreformas de los sistemas educativos para paliar estos problemas. ¿Pero es el anteproyecto de Ley presentado el que necesita nuestro país? ¿Y será el definitivo? Me temo que no.

Desde la Ley de 1970, que fue la primera que en el siglo XX reguló y estructuró todo el sistema educativo español no hubo otra norma legal básica hasta la Ley 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). En el año 2002 el Partido Popular aprobó la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no fue llevada a efecto, sino que fue derogada por el entonces recién nombrado Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que la reemplazó por la Ley Orgánica de Educación (LOE), propuesta por el PSOE en el 2006 y que a todos los efectos daba continuidad al sistema anterior.

Este es un claro ejemplo de lo que hemos visto en los últimos años en todos los Ministros de Educación, que al menos han coincidido en una misma afirmación: “este sistema educativo no funciona, voy a derogarlo y a implantar la ley definitiva que lo va arreglar”.

Si analizamos el problema de fondo, nos damos cuenta que a los políticos de este país les falta sentido de Estado para entender que lo que hace falta es un gran pacto por la Educación, que asegure una continuidad en la Ley, 20 años por ejemplo, gobierne quien gobierne. Además es necesario que se plantee qué ciudadanos queremos formar, ya que los estudiantes de hoy serán nuestros conciudadanos del futuro. Y para eso las distintas fuerzas políticas deben llegar a un acuerdo que respete y comparta lo máximo posible de las dos principales ideologías que existen en España. Una “Constitución” de la Enseñanza, como se logró hacer en 1978, y que fue la clave para una transición ejemplar.

Porque al escuchar las opiniones de algunos sectores de la izquierda sobre el anteproyecto de reforma oímos frases como “volvemos a los tiempos de Franco”, “es un sistema retrógrado”, “los Directores se van a convertir en auténticos dictadores”… Después de 37 años no se puede seguir citando a Franco para criticar a la derecha. Hay que mirar hacia delante, y como recalcaba antes decidir qué valores queremos transmitir a los estudiantes actuales. Todo mi entorno estudió con una Ley franquista, de 1970, y no considero que nuestra educación haya sido deficiente, tanto en Centros públicos como privados o concertados.

 ¿Con qué objetivos plantea el Ministerio la reforma?

–       Reducir la tasa de abandono de la ESO

–       Mejorar resultados en pruebas internacionales (PISA)

–       Mejorar la empleabilidad y mejorar la tasa de alumnos excelentes

A priori parece que lo que el Gobierno quiere es salir mejor en la foto, es decir, que en las estadísticas internacionales no nos sigan poniendo colorados por los malos resultados del país, pero en mi opinión no estamos arreglando el problema. Reducir la tasa de abandono de la ESO debe ser una consecuencia de la política educativa, no un fin en sí mismo.

Al igual que mejorar los resultados en pruebas internacionales. El Ministerio ha nombrado una serie de “materias prioritarias”, matemáticas, ciencias y comprensión lectora, que son las que se evalúan en pruebas internacionales como PISA, y las piensa dotar de un mayor número de horas. Si comparamos con Finlandia, uno de los países con mejor resultados en PISA, paradójicamente el número de horas de estas asignaturas es similar. ¿Cómo puede ser que un alumno que recibe tantas horas de matemáticas y lengua en nuestro país no sea capaz de leer un titular de un periódico y no entender lo que significa? ¿O que para calcular el precio de una camiseta que tiene un 50% de descuento tenga que usar una calculadora? Deberíamos plantearnos si lo que se necesita es más calidad y no cantidad en la enseñanza. Y por qué el Ministro ha decidido que esas son las “materias prioritarias” a costa de suprimir horas de Historia, Música, Economía, etc. ¿Es que en Historia no se trabaja la comprensión lectora? ¿Y en Economía y Música las matemáticas?

Para mejorar la empleabilidad lo que el Ministerio quiere es hacer dos itinerarios, uno “académico” y otro “profesional” antes de terminar la enseñanza obligatoria. Incluso propone que algunos de los programas “profesionales” ya no tienen por objetivo obtener el título de la ESO, sino preparar al alumno para el mercado de trabajo… sin el correspondiente título… La realidad es que la mayoría del alumnado tenderá a ir por el itinerario “profesional”, dejando de estudiar materias prioritarias para su formación como ciudadano, pero eso sí, mejorando las estadísticas del Ministerio. Además, quieren fomentar la Formación Profesional, pero sin ninguna partida presupuestaria ni plan nacional, con lo que la medida más bien parece fuego de artificio.

Transversalmente a todo esto el Ministerio ha decidido establecer pruebas al final de cada etapa, que la izquierda rápidamente ha llamado “reválidas” para tildarlas de “franquistas” por similitud con las que existían antes de la Ley de 1970… Las pruebas están bien, pero como puntualizaba más arriba si no son un fin en sí mismas, si no se prepara a los alumnos exclusivamente para ellas, si acaso que se usen como detección temprana de problemas.

Finalmente, otro punto controvertido es la autonomía de los Centros. La figura del Director se potencia, dándole incluso potestad para establecer los requisitos y méritos para los puestos de funcionarios que se oferten en su Centro. Podrá incluso rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación de personal sustituto de las listas centralizadas. Sinceramente, visto desde fuera, esto da pie al amiguismo para la contratación.

En conclusión, podríamos seguir comentando muchos puntos controvertidos de esta reforma, pero la realidad es que parece más ideológica que efectiva. No se ha buscado un consenso con los actores implicados. Se presentaron las propuestas y se redactó el anteproyecto durante las vacaciones escolares, por lo que muchos docentes no tuvieron noticia de su publicación. Por lo tanto será una reforma más que no resolverá los problemas de nuestra enseñanza. Mientras la derecha se empeña en mercantilizar, la izquierda sigue anclada en que la causa de todos los problemas la tienen los “ricos”. El debate es mucho más profundo. La realidad es que ninguno se sienta a discutir y llegar a un acuerdo de lo que realmente necesitamos. Algunas propuestas a debatir serían:

–       Mayor implicación de las familias en el proceso educativo. Programas obligatorios de formación junto a sus hijos. Sanciones económicas por destrozos de material. Trabajos para la comunidad. No puede ser que los alumnos tengan impunidad para hacer lo que quieran pues es lo que les estamos transmitiendo para la vida en sociedad.

–       Disminución de ratios profesor/alumno. Este Gobierno las ha subido para disminuir el gasto en educación. Hasta que no lleguemos a 15 alumnos por profesor no tendremos una ratio óptima.

–       Aumento de profesores de apoyo en el aula para alumnos con necesidades específicas.

–       Preparación específica para el profesorado. Ahora mismo un Licenciado en Matemáticas que se va a dedicar a las finanzas estudia lo mismo que el que se va a dedicar a la enseñanza de Secundaria, con lo que comprobamos la ineficiencia del sistema universitario. El recién implantado Máster en Enseñanza Secundaria es el antiguo CCP con otro nombre.

–       Una verdadera Inspección de Educación. Que entre en las aulas, que exija el cumplimiento de lo programado y sancione a los incumplidores. La libertad de cátedra no significa libertinaje.

–       Un acceso a la profesión eficiente. Con evaluaciones continuas, cada dos años por ejemplo. No puede ser que se apruebe una oposición y no evalúen la capacitación del profesorado nunca más.

–       Reconocimiento de la figura del docente, con mayor dotación económica, mayor formación obligatoria, posibilidad de carrera profesional hacia la Universidad.

En las circunstancias actuales el mayor problema sería aumentar la dotación presupuestaria para conseguir todos estos objetivos. Podríamos seguir haciendo propuestas, pero mientras los políticos sigan echando la culpa de todos los males al partido que tienen enfrente, en la sociedad no nos planteemos seriamente qué ciudadanos aspiramos a ser y tengamos un debate profundo de qué país queremos para dentro de 20 años, no conseguiremos implantar nunca el sistema educativo que necesita España.

eduardo.rguez@yahoo.es