Por Mónica Álvarez Bermúdez
«Que los organismos públicos actúen con independencia de poderes y transparencia, que los funcionarios públicos presten su servicio con responsabilidad…»
Es increíble que en los últimos años Venezuela se compara en cuanto a situaciones socio económicas con países forajidos africanos en los que no existe respeto alguno al Estado de Derecho.
Actualmente, Venezuela se ubica en la cuarta posición de países más inseguros de América Latina, mientras que la ciudad de Caracas es una de las más inseguras por encima de Cali o Medellín en Colombia; Torreón, Chihuahua o Culiacán en México y Belém en Brasil, por nombrar algunas, aún y la problemática que tienen estos países con la guerrilla, el narcotráfico y la antigua violencia armada en las favelas de Brasil. Además, los índices de muerte de ciudadanos en nuestro país han sido comparados con ciudadanos muertos en combates o en guerras de los últimos años en el Medio Oriente.
Por eso es importante participar activamente en las políticas públicas del Estado, que los organismos públicos actúen con independencia de poderes y transparencia, que los funcionarios públicos presten su servicio con responsabilidad, que además de dictar leyes destinadas a sancionar los delitos se elimine la impunidad y se castigue la corrupción, se respeten los derechos humanos, se refuercen los mecanismos democráticos que le permiten al ciudadano ejercer un verdadero control social a través del deber de los gobernantes, funcionarios públicos electos mediante el voto popular.
Es necesario también rendir cuentas, la posibilidad de los ciudadanos de revocar los mandatos ante la ineficiencia, sin constreñimiento alguno y sin miedo de practicar el sufragio, característica esencial de todo sistema democrático. Igualmente con la opción de acudir a instancias internacionales para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos frente al debilitamiento de un Sistema de Justicia que hoy en día obedece a intereses distintos a su finalidad, el impartir justicia, que debe a su vez permitir la reinserción social de aquellos que incurran en hechos delictivos, de aquellos que luego de cumplir su pena puedan incorporase a la sociedad sin vicios, sin mafia; con el fortalecimiento de una educación con calidad que incluya una infraestructura adecuada para el libre desenvolvimiento para el futuro del mañana y en donde la diferencia de opinión no sea perseguida.
Para combatir esta realidad es necesario que el Estado se ocupe, estableciendo políticas públicas cónsonas con un discurso político que no llame a la violencia, haciendo seguimiento a los que ocupan cargos dentro de la Administración, todos los escalafones, sin excepción, sin preferencias; que se dicten leyes y que se hagan cumplir, pero además que se diseñen estrategias de carácter preventivo en el área de seguridad y más allá de ésta con carácter integral, incluyendo aspectos sociales, económicos y educativos, que promuevan que se conozca nuestra cultura por el turismo, por la hospitalidad y amabilidad del venezolano, por el emprendimiento y la capacidad de exportar ideas tecnológicas y de innovación más allá de nuestras fronteras, que se nos conozca no sólo por la riqueza petrolera sino por la riqueza que significa ser venezolano, no por violentos.
Se quiere un país con garantías, igualdad y posibilidades de progreso, calidad de vida para todos.
Por eso es momento de ejercer una verdadera participación popular, luchar por nuestros ideales con convicción, criterio y en especial con conciencia de lo que significa ser venezolano.
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