Por Silvina Ruiz Boyadjian
«Detrás de las elecciones se esconde un México con altísimas tasas de narcotráfico, mafia y prostitución».
Para las elecciones próximas del 1° de julio, las encuestas sitúan a Peña Nieto con una ventaja sobre sus rivales de entre 20 y 25 puntos; sólo dos encuestadoras reducen esa diferencia a 10 y 8 puntos. El sondeo de la empresa Mitofsky señaló que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, tiene una preferencia electoral de 37,9% a poco más de un mes de que se realicen los comicios presidenciales. Según la encuestadora, Peña ha mantenido un apoyo estable durante la campaña con un máximo de 41% de intención de voto en algunos de los sondeos.
La encuesta más reciente puso en un virtual empate a los dos contrincantes de Peña Nieto: Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), registró una intención de voto de 20,5%, mientras que Josefina Vázquez Mota, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), obtuvo un 20,1% de las preferencias.
Vázquez Mota había comenzado la campaña por la presidencia en marzo en segundo lugar y López Obrador en tercero, pero Vázquez Mota perdió empuje desde antes que iniciara su campaña: durante un acto proselitista en un estadio donde grandes porciones estaban vacías y después al cometer pifias en sus discursos, como cuando dijo dos veces que fortalecería el lavado de dinero.
De todos modos, en cuanto a intención de voto, Peña Nieto conserva el primer lugar en todas las franjas de edad, también en la que va de 18 a 29 años.
Peña Nieto se ha mantenido desde hace meses en el primer lugar de las preferencias, aunque en los últimos días ha enfrentado marchas de rechazo, principalmente de jóvenes.
Ya que el día 23 de mayo, jóvenes mexicanos realizaron una manifestación en oposición al candidato Enrique Peña Nieto (EPN), candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México en las elecciones del 1° de julio próximo, expresando las consignas: «Yo voto por mi país, no voto por el PRI», partido de Peña Nieto.
En poco menos de dos semanas, casi por sorpresa y con masivas movilizaciones, la juventud consiguió despertar del letargo a una de las campañas más abúlicas que se recuerdan en México y que tiene como claro favorito a Peña Nieto.
Convocados de manera espontánea a través de las redes sociales, entre 20.000 y 40.000 jóvenes se concentraron en el centro de la Ciudad de México para mostrar su oposición al aspirante priista, en quien ven el supuesto retorno a un pasado autoritario y antidemocrático. A su vez, los jóvenes marcharon también para expresar su rechazo a las grandes cadenas televisivas (en particular, contra Televisa), a las que acusan de estar detrás de una campaña de marketing a favor de Peña Nieto. «TV, radio y prensa manipulan», se leía en las pancartas.
Aunque sus representantes se definen como «apartidistas», las marchas «anti-EPN» devinieron en concentraciones a favor del candidato de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, el día 22 de mayo, los candidatos presidenciales mexicanos se comprometieron ante 300 organizaciones de la sociedad civil a contar con ellas en la ruta hacia la pacificación de un país que acumula desde 2006 más de 50.000 muertos a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Progresista), Enrique Peña Nieto (PRI), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Gabriel Quadri (Panal) participaron ayer en la I Cumbre Ciudadana para la Construcción de un México Pacífico y Justo, que consensuó posturas ante «una crisis de violencia que está amenazando toda posibilidad de convivencia pacífica entre la ciudadanía».
Es que detrás de las elecciones se esconde un México con altísimas tasas de narcotráfico, mafia prostitución.
Respecto del narcotráfico, según el Índice Global de la Paz (IGP), realizado por el instituto, pone en el primer lugar a México como la nación que presenta menos conflictos y al fondo a la más violenta. México tiene altos índices de violencia relacionada al narcotráfico y al crimen que se ha extendido en áreas antes inmunes. El reporte abunda que la mayoría de los homicidios ocurridos durante 2011 se concentraron en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa. Y cada vez más la sociedad civil se cuestiona la energética actuación militar.
Los más de 60.000 muertos del crimen organizado en el gobierno de Calderón han pesado más en la proyección internacional de México que otros hechos.
Un indicador de esta problemática que se plantea en México fue que a mediados de mayo se encontraron 49 cuerpos mutilados donde Los Zetas se atribuyeron la matanza, dejando los cadáveres en una ruta del estado de Nuevo León.
Los carteles mexicanos del Golfo y de Los Zetas están enfrascados en una siniestra competencia por ver qué banda criminal firma la matanza más numerosa y macabra.
Después de la aparición, la semana pasada, de 18 cadáveres descuartizados en una ruta cerca de la ciudad de Guadalajara, los cuerpos desmembrados de 49 personas fueron descubiertos abandonados días más tarde sobre otra vía en el municipio de Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León.
Las autoridades confirmaron que los restos encontrados por el ejército en la cuneta de la ruta a Reynosa no tenían ni cabeza, ni pies, ni manos, presuntamente, para dificultar su identificación. La mayoría de los cadáveres tienen tatuajes y algunos de ellos representan a la Santa Muerte, un culto muy extendido entre la delincuencia común y el crimen organizado en México.
El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Javier del Real, se mostró convencido de que «ésta es una medida tomada por la delincuencia organizada, de carácter mediático, que tiene por objeto llamar la atención de la población […] y sobre todo del grupo contrario al que se dirige, al que lanzan la amenaza. Y, por lo visto, lo lograron».
Varios medios de comunicación señalaron que las víctimas no tenían ninguna relación con el crimen organizado y que el múltiple homicidio sólo busca sembrar el pánico entre la población. Y el día 4 de mayo, otras 23 personas eran ejecutadas en Nuevo Laredo. Nueve de ellas, presuntas integrantes del cartel del Golfo, colgaban de un puente en la madrugada con signos de haber sufrido salvajes torturas.
Según el propio gobierno mexicano, los carteles del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana se habrían unido para atacar a Los Zetas, el grupo que ya se ha convertido en la principal mafia y la más violenta del país.
Un informe de la Fiscalía en Delincuencia Organizada indica que Los Zetas, a diferencia de sus rivales, que actúan en gran medida mediante sobornos, «prefieren la brutalidad, la intimidación y la violencia […] y con un liderazgo compuesto de antiguos soldados de operaciones especiales son bastante eficaces al emplear la fuerza y el miedo para lograr sus objetivos».
Desde que Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006 y sacó el ejército a las calles para combatir al narcotráfico, alrededor de 60.000 personas han sido asesinadas.
Nuevo León y sobre todo Monterrey, la ciudad más rica del país, se mantuvieron durante años a salvo de la violencia de los carteles de la droga. Pero desde 2010 la zona comenzó a ser escenario de cruentos enfrentamientos entre Los Zetas y el cartel del Golfo, luego de que los primeros se separaron como cartel independiente. El ambiente de negocios de Monterrey se ha trastornado por la violencia, que también ha ahuyentado a los turistas.
El 18 de mayo se realizo un Golpe histórico al Ejército mexicano con la detención de tres generales por supuestos vínculos con el narcotráfico que abrió una brecha entre el poder civil y militar. Esto abrirá sin duda una nueva etapa en las relaciones entre el poder civil y los militares en este país. El estallido del caso, ha desatado las especulaciones sobre la extensión de la corrupción en las filas del Ejército y también sobre la posible intencionalidad política de estos arrestos en vísperas de un cambio de Administración tras las elecciones del próximo 1 de julio.
El general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, un militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el general brigadier Roberto Dawe González, fueron detenidos el martes por su supuesta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, muy mermado en la actualidad, al que habrían brindado protección en años pasados. Ahora se ha sabido que el general Ángeles estaba siendo investigado desde tiempo atrás por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El general Dawe dirigió una división del Ejército en el Estado de Colima, en el Pacífico, una ruta clave en el tráfico de drogas al norte, y fue representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en el violento Estado de Chihuahua, fronterizo con EE UU.
El tercer militar arrestado, fue el general de división también retirado Ricardo Escorcia Vargas, quien había desempeñado a principios del sexenio de Calderón el cargo de subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor, uno de los 12 puestos más importantes en el organigrama de la Defensa Nacional. Escorcia Vargas se vio envuelto en un turbio asunto a finales de 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país), donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba siendo monitorizado por la DEA. El general fue separado y degradado, pero finalmente salió limpio y fue enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de la Tercera Región Militar, cargo en el que apenas duró dos meses, porque en 2008 solicitó un año sabático.
Las investigaciones contra los tres generales surgen a partir de las declaraciones de diversos testigos protegidos, identificados con los nombres de Jennifer, Mateo e Iván, hombres al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que ya han realizado imputaciones en otros casos en el pasado que luego no fueron sustentadas.
Los generales Ángeles y Dawe se encuentran actualmente bajo arraigo durante 40 días, una figura jurídica muy discutida en México, pues permite la extensión de la detención durante todos esos días sin presentación de cargos mientras continúan las investigaciones. Los militares podrían ser procesados penalmente por la justicia civil por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Los arrestos se producen también en medio de un recrudecimiento de la violencia de los carteles de la droga con centenares de muertos en lo que va de mes.
Asimismo, fue detenido un cuarto Jefe Militar, el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto quien ha sido el cuarto jefe militar en caer en este golpe histórico a los supuestos vínculos entre narco y Ejército.
Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de 53 años y que formó parte del cuerpo de Caballería, ocupó entre otros puestos el de subjefe de escoltas de la residencia presidencial de Los Pinos. Tras conseguir el retiro voluntario el 30 de noviembre de 2002, se reconvirtió en asesor de seguridad de varias empresas y, después, trabajó como inspector general en la Policía federal. En el Estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico, fue nombrado director de la Policía Ministerial de 2008 a 2011. A continuación pasó a dirigir la Agencia Veracruzana de Investigaciones.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha precisado las causas de esta detención, pero ha asegurado que «con esta última diligencia se cumplen las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República [la Fiscalía]». Sobre la prostitución, a finales de mayo luego de varias investigaciones, se llego a la conclusión de que en Tenancingo, es la capital de trata de mujeres y prostitución de toda América Latina. Este es un pueblo de apenas 10.000 habitantes en el que las mansiones y el lujo conviven con miles de mujeres que se ven obligadas a prostituirse. Tenancingo podría ser un pueblo mexicano cualquiera, con su iglesia en el centro, sus calles de casas bajas y los caminos de tierra en los alrededores. Pero no lo es.
El impresionante Ferrari rojo a las puertas de un hotel, las viviendas con torres de colores y cristales tintados, la camioneta Lincoln estacionada en la calle no serían parte del paisaje en un pueblo mexicano cualquiera, pero sí de Tenancingo, «la capital de la trata de personas». Así la han bautizado organizaciones de ayuda a las mujeres, que advierten que en esta localidad de apenas 10.000 habitantes, ubicada en el estado de Tlaxcala, cerca del 10% de la población se dedica al reclutamiento, explotación sexual y venta de mujeres.
El camino que conduce a esta localidad del centro de México, una carretera rodeada por volcanes, ya prepara al visitante. «¿Tenancingo? ¿Por qué quieren ir? Allí no hay nada que ver», advierte el empleado de una gasolinera a pocas calles del desvío a la ciudad.
Pero en Tenancingo hay mucho que ver. Quizás por eso las organizaciones de trata de personas se aseguran de que sus halcones o vigilantes estén muy atentos a la llegada de forasteros.
«Hemos recibido denuncias anónimas de ese lugar, pero cuando intentamos hacer el operativo para rescatar a las mujeres nos encontramos con una red de halcones que vigilan desde un pueblo antes y advierten de la llegada de cualquier auto ajeno a Tenancingo», dice Irene Herrerías, la Fiscal federal de la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima). «Cuando llegábamos al lugar ya no estaban las víctimas ni los tratantes», añade.
Este lugar tiene una larga historia de complicidad con la explotación de mujeres. De aquí han salido las más importantes familias de proxenetas o «padrotes», como dicen los mexicanos, y según el gobierno de Estados Unidos, es el mayor foco de trata de personas en Norteamérica.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un punto crítico para la lucha contra la esclavitud sexual en todo el continente. Las propias autoridades locales reconocen que Tenancingo tiene su lado oscuro, aunque advierten que están trabajando para erradicarlo.
Cada año miles de mujeres caen en estas redes por todo el país, según diferentes ONG de México y Estados Unidos. Pero todavía no hay cifras estadísticas claras que permitan entender la magnitud de este negocio. «Hay un factor cultural muy determinante», explica Felipe De La Torre, coordinador regional del proyecto contra la trata de personas de Naciones Unidas. «Gran parte de la sociedad mexicana tiene todavía rasgos muy fuertes de machismo, por lo que hay una actitud en algunas esferas de la sociedad resistente a aceptar que mujeres y víctimas pueden ser forzadas a ejercer la prostitución», relata el representante de la ONU.
Así, tanto las que se quedan en México como las vendidas como mercancía sexual en otras partes del mundo, las víctimas de trata viven a merced de los padrotes. Algunas, temerosas de que algo pueda ocurrirle a los hijos que han tenido que dejar en los lugares donde fueron reclutadas. Otras, viviendo una segunda condena: vivir enamoradas aún de los hombres que les han robado su vida.
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