Por Omar Arenas Pérez
En un momento en que Venezuela pretende sustituir a la CIDH, para desprenderse de sus responsabilidades internacionales.
Recientemente el Estado venezolano, advierte sobre su intención de salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, argumentando en esta declaración, el cuestionamiento que este organismo ha hecho en reiteradas ocasiones sobre algunas de las políticas del gobierno venezolano. El discurso de las autoridades venezolanas se ha fundamentado en la influencia de los EEUU dentro de este sistema de integración regional.
Tal propósito de abandonar la Organización, se traduce en un grave intento por parte del gobierno venezolano en desestabilizar el sistema internacional regional. Cierto es que la Organización de Estados Americanos OEA, impulsó desde su seno, uno de los avances en materia de derechos humanos mas significativos en la historia de la humanidad. En el año 1978 entró en vigor la Convención Americana sobre protección de los derechos del hombre, cuyo texto se caracteriza por incluir novedades en cuanto a derechos protegidos.
Se incluyen 8 derechos más, con respecto a su homólogo “el texto europeo”. La Convención incorpora: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la reparación por denegación de justicia, el derecho de rectificación, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de asilo. Además de ello se avanza en cuanto al control para la tutela de derechos y libertades, tales como: las denuncias individuales.
Ciertamente la CIDH representa un gran avance para la consolidación de libertades individuales. Podríamos decir que en base al dinamismo del modelo democrático internacional, al respeto y reconocimiento de los derechos humanos, la región se ha convertido en un espacio donde todos los países, a excepción de Cuba, hoy en día gozan de sistemas de democracia representativa, respetando al menos los parámetros de la democracia formal.
La adecuación de los textos constitucionales de los Estados parte, a las ideas y principios de la OEA, generan un clima de convivencia e igualdad entre la comunidad interestatal. Aunque es cierto que, en ocasiones las tensiones políticas entre los modelos ideológicos de gobierno generan roces entre los países, tal situación más que alejar, contribuye al enriquecimiento del juego político internacional, dando cabida a las distintas formas de pensamiento, culturas y tradiciones.
Tan es así, que la OEA sobre la ‘democracia’ señala que se trata de un terminó flexible que “En el derecho a la participación política hay cabida para una gran variedad de formas de gobierno, siendo muchas las alternativas constitucionales que existen en cuanto al grado de centralización de los poderes del Estado, o la elección y las atribuciones de los órganos encargados de su ejercicio. Sin embargo, el marco democrático es elemento necesario para el establecimiento de una sociedad política donde pueden darse los valores humanos plenos.”
Pero el gobierno venezolano no lo ve de esta manera y su pretensión de desconocer tal instancia se anuncia en momentos en que continúan quedando al descubierto muchas situaciones irregulares respecto a violaciones de los derechos humanos. Venezuela se apoya internacionalmente en su concepción formal de la democracia, aunque de ahí a una democracia real, existe un largo trecho.
La salida de Venezuela de la CIDH es una decisión difícil que necesariamente pasaría por el apoyo de los países aliados, tales como los del grupo ALBA como mínimo, ya que en caso de hacerlo y no contar con suficiente apoyo internacional, el gobierno venezolano estaría dando un paso más hacia lo que algunos han denominado-estado forajido-, donde las políticas soberanas se han visto seriamente afectadas por escándalos de narcotráfico de parte de integrantes de las fuerzas armadas y del alto gobierno. Aunado ello al alto grado de inseguridad que se vive en el país y las constantes violaciones a derechos fundamentales como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y a las libertades políticas entre otros.
Es evidente que tal decisión obedecería a una circunstancia netamente política, en un momento de crisis general en todas las instancias del gobierno nacional. Sumado a esto, nos encontramos con el delicado estado de salud del primer mandatario, el avance de los factores de oposición dentro del plano político nacional, y el país en pleno año electoral, donde se vive un clima de inseguridad jurídica de dimensiones descomunales.
De alguna manera el gobierno central busca adecuar la estrategia política del Estado a su propia conveniencia, que le permita sobrevivir y avanzar hacia el autoritarismo y militarismo, encarnado en el modelo cubano, en el que las libertades individuales y las garantías personales se encuentran limitadas y donde sólo un pequeño grupo íntimamente vinculado al poder, goza de beneficios que le son negados al resto de los ciudadanos de la isla.
Pretenden quienes dirigen el Estado venezolano, dictar sus propias leyes de convivencia internacional, que le permitan ocultar sus enormes deficiencias en cuanto al respeto de los derechos humanos, dentro del contexto de un mundo globalizado e interrelacionado con las nuevas tecnologías. Pareciera que su intención es retroceder en cuanto al reconocimiento de los derechos tan duramente conquistados por las clases mas desfavorecidas en las distintas luchas que se encarnaron en la historia de la humanidad.
omararenas@dialogopolitico.net
dialogopolitico.net 